A partir de agosto los jerarcas públicos no podrán tener ni formar parte de una sociedad offshore.

A partir del mes de agosto, los jerarcas públicos no podrán tener ni formar parte de una sociedad offshore, en cuyo caso no cometerán delito, pero sí deberán renunciar. El próximo mes estará listo el decreto reglamentario de la ley antilavado en donde constará esa novedad, según explicó el director de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Espinosa.
El jerarca concurrió a la comisión bicameral sobre el lavado de activos a exponer detalles de la reglamentación de la ley que se aprobara a fines de 2017.
En el caso de las offshore, Espinosa aportó a la comisión un borrador con la nueva disposición que reforma el artículo 9° de la ley. El mismo establecerá que a partir de la aprobación del decreto reglamentario todos los jerarcas comprendidos en la ley deberán declarar si tienen vinculación o no con una sociedad de ese tipo, y en tal caso la persona deberá dejar el cargo.

“El decreto reglamentará la forma en que se presentarán esas declaraciones y el organismo que lo controlará, que seguramente sea la Jutep”, señaló Espinosa.
El jerarca explicó que la persona que tenga una offshore o participación en ella no cometerá un delito en sí mismo, pero enfatizó en que “deberá dejar el cargo”. La prohibición alcanzará solamente a empresas offshore y no a cuentas bancarias, aclaró.
Esta ley antilavado despertó en su momento el rechazo de diferentes colectivos —como abogados, contadores y escribanos—, que en más de una ocasión a lo largo del proceso de discusión del texto han manifestado su oposición a diferentes puntos de la propuesta.
Por eso, Espinosa mantuvo una serie de contactos con ellos donde se analizaron distintos borradores con disposiciones, habiendo logrado “mayormente consenso” por lo cual opinó que ahora la norma será aplicada con mayor facilidad por los sujetos obligados.
En esta discusión “se ha ido tratando de simplificar los procedimientos de control para permitirles un adecuado control, pero sin entorpecer la labor profesional o comercial de cada sector”, dijo el jerarca.
El punto de mayor dificultad en estas reuniones fue el delito fiscal, es decir cómo se verifica un delito de ese tipo, que es nuevo. En la reglamentación está cómo se determina, qué tiene que pedirle el profesional a la persona, o cuánta documentación para respaldar el origen del dinero.
La reglamentación “es buena para todos los sectores que tienen que aplicar la ley antilavado, pero también lo es para los clientes que sabrán lo que el profesional les va a pedir”, explicó Espinosa.
“El decreto reglamentario está casi finalizado. Eso le dijimos a la comisión” que sigue el tema, añadió el director de la secretaría antilavado.
El proyecto de ley original fue ingresado en el Parlamento en noviembre de 2016, y sancionado en diciembre pasado.
La ley tiene entre sus objetivos poner en orden la legislación nacional de cara a la evaluación que realizará en 2019 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Espinosa explicó a los legisladores que esta ley incluye 33 delitos vinculados con el lavado y en ese sentido se agregó la defraudación fiscal y el sicariato, y que se añaden nuevos sujetos agregados a los controles como los abogados y contadores, que se suman a los escribanos.