Ejército toma control de la seguridad en la frontera.

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para dar un marco jurídico de actuación y un respaldo legal a los militares en el control de la seguridad en la frontera, algo que había sido reclamado por la oposición en las últimas semanas.

En su última intervención de control de las fronteras, el Ejército desplegó a 650 efectivos, 105 vehículos y equipos, operó en puestos fijos las 24 horas del día en patrullas mecanizadas, fluviales e hipo móviles, y tuvo presencia permanente en la frontera recorriendo un total de 41.830 kilómetros en una franja de 20 kilómetros hacia el interior del territorio nacional, según informó la fuerza de tierra en su publicación oficial “La Fuerza de Todos”.

En la exposición de motivos del proyecto oficial señala que la ley se propone “complementar las capacidades del Estado en la zona fronteriza encomendando a las Fuerzas Armadas tareas de vigilancia con la finalidad de disuadir posibles actividades ilícitas y prevenir amenazas de cualquier naturaleza, a la paz y seguridad” del país.

El gobierno admite en el proyecto de ley “la permeabilidad de las fronteras”, lo cual reputa como “debilidad del Estado”, por “la falta de presencia en la zona generando oportunidades para los agentes de delitos transnacionales de diversa forma”.

El mensaje del Poder Ejecutivo también reconoce que la zona fronteriza es “geopolíticamente vulnerable” a diferentes intereses y objetivos “muchos de ellos opuestos a los nacionales”.

En el proyecto se encomienda a los militares la realización de tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia (la policía, la Dirección Nacional de Aduanas o el Ministerio de Ganadería, por ejemplo) en la zona fronteriza. El proyecto establece la misma en una franja de 20 kilómetros a contar desde los límites definidos en los tratados internacionales, quedando excluidos los centros poblados.

Entre las tareas de los militares en esa zona se encuentran el patrullaje, la identificación de personas y el control de vehículos, y la detención en caso de flagrante delito. En caso de detectar una presunta irregularidad, señala el proyecto de ley, su actuación se comunicará de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente.

El artículo 4º del proyecto señala que en los casos en que el personal militar “se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción”, es decir su armamento, “deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance”.

furnte: El País