Justicia argentina procesó a ex presidenta Cristina Fernández por irregularidades en concesión e obras públicas durante su mandato.

El expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que Fernández declaró como investigada en octubre, se estudia un supuesto esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra caso por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
Ercolini ordenó, además, un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares) de Fernández y el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.
EFE