Tribunal Supremo de EEUU dictaminará la legalidad de la inyección letal

El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó hoy evaluar el método de ejecución que se utiliza en el estado de Oklahoma, un caso presentado por tres presos condenados a muerte que alegan que los químicos usados en la inyección letal violan preceptos constitucionales.

El alto tribunal, que la semana pasada permitió que se efectuara una ejecución en ese mismo estado, decidirá si el compuesto formado por tres tipos de droga que ahora emplean las prisiones viola la prohibición de la Constitución de aplicar castigos crueles.

Cuatro de los nueve jueces del Tribunal Supremo votaron a favor de detener la ejecución de la semana anterior, número insuficiente para frenarla pero mínimo para lograr que ahora el caso se eleve a ser escuchado en audiencia por el pleno de la corte.

Según medios especializados, la consideración de los jueces podría tener lugar este abril, o mantenerse hasta el próximo periodo de sesiones, que comienza en octubre tras el receso estival.

La polémica se desató a escala nacional ya el año pasado, después de que tuvieran lugar una serie de ejecuciones en las que la aplicación de la pena de muerte fue más prolongada y agónica para los presos de lo esperado, producto de las nuevas inyecciones letales adquiridas con secretismo por los estados.

El caso más significativo se dio precisamente en Oklahoma, el de Clyton Lockett, condenado por el asesinato de una joven de 19 años en 1999 y quien se retorció y jadeó durante más de 40 minutos después de que le fuera administrada la inyección, para morir después de un ataque al corazón.

La mayoría de los 32 estados donde está en vigor la pena de muerte en el país tiene problemas para conseguir los componentes con los que se fabricaban las inyecciones letales convencionales.

El ingrediente clave de la inyección, el pentobarbital, era proporcionado por la compañía farmacéutica danesa Lundbeck LLC, pero ésta se negó a continuar suministrando dosis a Estados Unidos debido a la oposición de la Unión Europea a la pena de muerte.

Ante esta situación, algunos prueban fórmulas alternativas de inyecciones y otros se han planteado el uso obligatorio de la silla eléctrica, en caso de que no se encuentren productos para inyecciones letales.